CPC y reforma al SEIA: asegura que componente político se mantiene y cuestiona informe financiero

Hace casi dos meses se ingresó al Senado la reforma a la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente que contempla la modernización al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Tras el receso legislativo, se retomó su discusión en la comisión de Medio Ambiente donde se está escuchando a diversos actores. Uno que no ha llegado aún y que es clave en este debate es la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) que, si bien valora el diálogo previo que existió en la elaboración de la iniciativa, ya advierte preocupación e inquietud.

Aunque solo dos de las seis ramas de la CPC han expresado sus posiciones públicamente, la presidenta de la comisión de Cambio Climático y Desarrollo Sostenible de la CPC, Paulina Riquelme, adelanta a DF la evaluación preliminar que hay en el gran empresariado, asegurando que el texto requiere ajustes y que no observa coherencia entre el propósito expresado en el mensaje y el articulado propuesto, en especial en aspectos asociados con previsibilidad.

“Vemos muy complicado la falta de consistencia entre las facultades y atribuciones que se le están confiriendo al SEA, los cambios que se introducen al SEIA y el informe financiero”.

“El proyecto de ley incluye reformar la Ley 19.300 en temas vinculados con el SEIA e institucionalidad, temas sobre cambio climático y la implementación del Acuerdo de Escazú. Si todo esto en conjunto contribuirá a promover mejores proyectos de inversión, la primera reacción de nuestra comisión es que no necesariamente”, sentencia. La abogada agrega: “Se observa una falta de conocimiento de los desafíos que los proyectos de inversión deben enfrentar en la evaluación ambiental, incluyendo la etapa de preparación”.

Mientras la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) centró su preocupación en la participación ciudadana y la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) en el término anticipado de evaluación mediante el fraccionamiento, Riquelme identifica el foco más crítico para la CPC: “Vemos muy complicado la falta de consistencia entre las facultades y atribuciones que se le están confiriendo al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), los cambios que se introducen al SEIA y el informe financiero. Observamos con preocupación la falta de financiamiento del proyecto de ley”.

Según explica, los recursos que propone el informe financiero no permitirían financiar adecuadamente las reformas que se proponen. En tal contexto, la falta de recursos repercutirá adversamente en la implementación de la reforma y en la evaluación ambiental de proyectos. “Se advierte que el contenido del proyecto resulta más ambicioso que su informe financiero, que sólo considera la contratación de 13 funcionarios adicionales”, dice. Por esto, recalca que es preferible sincerar la escasa disponibilidad de recursos y dirigir las reformas a aquellos aspectos que se pueden realmente financiar.

Reconociendo que siempre en las decisiones en esta materia habrá un componente técnico y político, indica que “no necesariamente” habrá una reducción del componente político si se materializan las propuestas, sino que en forma indirecta se irá reemplazando. Detalla que el desarrollo sostenible tiene tres componentes: ambiental, social y económico; y que la institucionalidad debiese velar por el equilibrio entre ellos. Agrega que “el componente político se mantiene porque el director regional -quien definirá en torno a los proyectos- es designado por el director ejecutivo del SEA”.

En cuanto a la eliminación del Comité de Ministros, sincera: “Podría eliminarse, sí, pero el punto es quién decide. ¿El director ejecutivo? ¿Qué aspecto considerará? ¿Solamente la dimensión ambiental? En general, proyectos de inversión que llegan a la instancia de reclamación son proyectos de envergadura, que tienen aspectos conflictivos y lamentablemente alguien tiene que tomar una decisión. Pareciera que no existe un consenso transversal en esta materia”.

Asimismo, califica como “positiva” la vía de reclamación única propuesta. Sin embargo, manifiesta dudas tanto en materia de participación ciudadana por la falta de recursos, como respecto al registro de consultores. Sobre este último, porque “en sí mismo no verifica la idoneidad de los consultores en el registro, salvo que se exija una evaluación”. “El registro de consultores me preocupa mucho porque puede generar un mercado concentrado, encareciendo los costos de la evaluación, sin que ello necesariamente incremente la calidad de la información que es presentada en el SEIA”, dijo.

Respecto a las consultas de pertinencia, también ven positiva la creación de una declaración jurada aunque sostiene que “es mucho más sano que hubiera un sistema de modificación de RCA o un sistema de modificación de proyectos en que se pudiera tener un procedimiento expedito y diferenciado según tipo de modificación”.

Efectos del proyecto

Cree que el proyecto evitaría la judicialización porque hay un recurso único que podría ordenar el proceso y dar certeza. Eso sí, sobre los proyectos de inversión en el SEIA, dice que no observan que las mejoras sean conducentes a lograr que estos se evalúen de forma eficiente. “Me genera muchos reparos esto de que las direcciones regionales del SEA decidan proyectos sobre todo en el caso de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), porque en el caso de las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA), son proyectos medianos, pero los EIA son grandes montos de inversión”.

Riquelme alerta que “el Ministerio del Medio Ambiente no ha sido claro en la evaluación del efecto acumulativo en la inversión de este proyecto de ley, con el proyecto de ley que fortalece a la SMA y la nueva ley de delitos económicos. Sobre el proyecto de permisos presentado en paralelo, asegura que este “resulta interesante pues tiene una inspiración y un diagnóstico que es más acertado con la realidad”.

Aunque las ramas están acudiendo al Congreso con sus propios énfasis, cuenta que también la CPC pedirá audiencia: “Lo vamos a hacer, pero no aún. Queremos madurar un poco más la posición”. Además, adelanta que buscan plantear propuestas alternativas en la instancia.